Haití

Uno de los temas peor tratados frente a la mayoría de la población dominicana es el haitiano. En el se reúnen todas las fabulas y se pretenden vender todos los miedos. Hay quienes hacen un “apostolado” para vivir a costa del mismo, hay que se sacrifican trabajando a uno y otro lado de la frontera buscando mejorar las relaciones entre los pueblos.

La República Dominicana cambió hace tiempo y todo lo referente a Haití continúa siendo una gran mentira. Mutó por las “debilidades” de nuestros gobernantes y la necesidad de nuestros colonos azucareros. Hace años que dejó de regularizarse la entrada de nacionales haitianos a suelo dominicano; no es necesario un visado, una tarjeta de trabajo, un pase provisional. La frontera desapareció bajo nuestras propias trampas.

Cuando el negocio de la caña de azúcar giró hacia otros azares (me viene la imagen de Rafael Flores Estrella, secretario de estado de la Presidencia, mocha en mano, en los cañaverales), se aprovechó la construcción. Joaquín Balaguer dotó de cédulas a innumerables ciudadanos haitianos solo con fines electoreros.

Hoy nuestros vecinos están en todas las áreas de la economía nacional, inclusive en notables ejercicios.

En los actuales momentos el tema cobra vigencia por la vista de Jimmy Carter, ex Presidente de los Estados Unidos, cuyas declaraciones dejaron a más de uno con la boca abierta. Nuestro Canciller protesta coléricamente, uno de los diarios de gran circulación lleva una semana con el texto en primera plana, nuestro eminentísimo Cardenal no desaprovecha la ocasión. El omnipresente jefe de la Policía dispone una dotación especializada.

¡Hipócritas!, les gritaría.

Deberíamos exigir de nuestras autoridades que normalicen la situación; es un trabajo tedioso, que no se librará de manera expedita. No sabemos cuantos nacionales haitianos moran en nuestro país, son muchos. Frente a los haitianos consideramos que somos dueños de rangos nobiliarios, pero nada más. Después, sólo atinar un momento para las quejas.

Al final todo se resume en el precario compromiso estatal con la ciudadanía y la democracia en sentido general.